Después de 20 años de zanahoria en materia de PRL ahora toca palo

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Sagardoy

Después de 20 años de legislación en materia de PRL ahora toca palo”. Así lo ha advertido Javier Cerrolaza, director territorial de la Inspección de Trabajo de Madrid, durante su participación en la jornada “20 años de Prevención de Riesgos Laborales”, organizada por Sagardoy Abogados. “En la actividad preventiva ha habido demasiada zanahoria”, explica el Cerrazola a la vez que reclama para la PRL el mismo rigor de aplicación que tiene la actuación de la inspección ante infracciones puramente contractuales. “Debemos incrementar nuestra rigurosidad para sancionar cuando debamos hacerlo porque el bien protegido es el más elevado que hay, las personas. Y ello también en las pymes, aplicando la sanción que la ley establece”.

Durante la jornada se ha analizado la evolución que ha tenido la norma en materia de PRL desde que fue aprobada en 1995 hasta la actualidad. Como bien ha expresado Juan Gorostidi, presidente de Umivale y director corporativo de RRLL de Banco Santander, “la última reforma normativa introdujo un concepto importante, el de la cultura preventiva, y con 20 años de perspectiva ahora es buen momento de analizar si sus propósitos se han conseguido”. A su juicio, a pesar de que ni el propósito de la ley ni el de la directiva comunitaria que traspone no es el de disponer de excesiva documentación, en la práctica prima el aspecto formal y burocrático de su cumplimiento más que la orientación a resultados. “Y ello –ha puntualizado- se aprecia en las actuaciones de la IT, con mayor énfasis en las facultades de control y sanción”.

Posteriormente Jesús Mercader, de Sagardoy Abogados, ha puesto en contexto la aplicación de la norma en los distintos momentos económicos por los que ha atravesado el mercado laboral español, haciendo una exposición de la situación actual, los logros alcanzados y las cuestiones que quedan pendientes de abordar.

Situación actual:

– En los últimos veinte años ha cambiado mucho la composición de la estructura productiva con un incremento significativo del sector servicios y un descenso del peso específico del sector construcción y también el industrial.

– Ha habido un aumento importante de la tasa de ocupación con un incremento neto de 5 millones de ocupados.

– También se ha producido una progresiva reducción de la temporalidad que ha pasado del 35 al 23,4%.

– Se ha incrementado el trabajo a tiempo parcial, que en 20 años ha doblado el número de trabajadores y contratos registrados.

– Aunque en los años inmediatamente posteriores a la aprobación de la ley la siniestralidad laboral siguió aumentando, a partir de 2008 comenzó a descender de manera progresiva para repuntar ahora, cuando se verifica la recuperación económica.

Logros normativos:

– La ley ha tenido un importante desarrollo reglamentario.
– Es una ley objeto de permanentes reformas para intentar mejorarla, en evaluación permanente, algo inusual en las leyes.
– Se ha alcanzado la unificación jurisdiccional en el ámbito de lo social.

Logros sociales:

– Mayor sensibilización hacia la PRL que deriva en una notable reducción de los accidentes de trabajo (acentuada, eso sí, acentuada por la crisis económica y la destrucción de empleo).
– Avances en la formación en prevención y una mayor participación de los trabajadores en materia preventiva.
– Creación de un sector económico de la prevención dinámico y con más de 50.000 profesionales.
– Implicación de los poderes públicos.
– Participación y negociación en materia preventiva.

Cuestiones pendientes:

– Eliminar la prevención en papel o la falsa prevención o lo que se llama también la cultura cosmética de la PRL.
– Necesaria racionalización del sector de la prevención: guerras de precios, normativas complejas en la definición de la actividades y la externalización de la PRL y no la integración en la estrategia empresarial.
– Excesiva tendencia hacia la externalización, que es mayoritaria en el tejido empresarial español.
– Necesidad de abordar los riesgos emergentes en consonancia con el nuevo marco económico que se suman a los litigios ya pendientes.
– Repensar la vigilancia de la salud: supone un gasto significativo de 300 millones de euros anuales y de 4 millones de reconocimientos pero ¿son eficaces?
– Revisar la protección de los trabajadores vulnerables y de los colectivos específicos: trabajo de los menores (cuya regulación se ajusta a una norma de 1957), retraso de la edad de jubilación vs PRL.
– Descentralización, pymes y autónomos.
– El análisis de los accidentes por tipo de contrato revela una reducción significativa en los contratos temporales. Habría que centrar el debate no tanto en la escasa formación de los más jóvenes (que son los más usuarios de este tipo de contratos) sino sobre todo en la formación como variable general aplicable a todo tipo de trabajadores.
– La alta siniestralidad en pymes
– La resurrección del sector de la construcción y sus males asociados: economía sumergida, encuadramientos irregulares, abuso de la subcontratación.
– Refuerzo de la figura del técnico de prevención.

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